Por Alfredo Lorduy Bolívar
La expedición de la Ley 2466 de 2025, junto con otras disposiciones laborales expedidas durante 2024, 2025 y 2026, introdujo un conjunto de obligaciones que trascienden el cumplimiento ordinario de las relaciones laborales y exigen procesos de adecuación normativa al interior de las empresas. A diferencia de obligaciones permanentes como el pago de salarios, aportes al Sistema de Seguridad Social, funcionamiento de los comités o la ejecución de actividades propias del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, estas modificaciones requieren la actualización de reglamentos, políticas, procedimientos, contratos, sistemas de nómina y demás instrumentos de gestión del talento humano.
Para junio de 2026 varios de estos períodos de transición finalizaban y otros se encontraban próximos a culminar, razón por la cual los empleadores debe verificar el estado de implementación de las medidas exigidas por el ordenamiento jurídico; esta revisión preventiva permite identificar eventuales incumplimientos, programar las acciones correctivas necesarias y reducir riesgos derivados de actuaciones administrativas, reclamaciones judiciales o contingencias en materia laboral.
En este contexto, la siguiente matriz reúne las principales obligaciones de adecuación normativa, indicando su fundamento legal y el plazo previsto para su cumplimiento; la relación no comprende las obligaciones laborales de carácter permanente que tradicionalmente hacen parte de los cronogramas de cumplimiento empresarial:
Referencia de la fuente: Ley 2466 de 2025, Ley 2101 de 2021 y Decreto 223 de 2026.