Por Jhoana Isabel Céspedes Gutiérrez
El Gobierno nacional expidió el Decreto 1040 de 2026, mediante el cual reglamentó medidas orientadas a prevenir y atender situaciones de violencia, acoso, violencia basada en género y discriminación en el mundo del trabajo. Sus disposiciones promueven ambientes laborales respetuosos de la dignidad humana y contemplan la aplicación de los enfoques de género, diferencial e interseccional en los sectores público y privado.
La regulación comprende a trabajadores, contratistas, personas en formación, aprendices, voluntarios, postulantes a empleos, personas despedidas y quienes ejercen funciones de empleador, entre otros sujetos vinculados con el mundo laboral. Asimismo, establece obligaciones relacionadas con la adopción y socialización de políticas y protocolos de prevención y atención, así como mecanismos para presentar quejas y solicitar medidas de protección, con garantías especiales para las víctimas de violencia basada en género. En relación con el procedimiento, las quejas podrán presentarse por medios físicos, electrónicos o verbales, sin que se requiera una denuncia penal o disciplinaria previa. Y para las víctimas de violencia basada en género se les garantiza el derecho a no ser confrontadas con la persona señalada ni obligadas a conciliar y podrán solicitar medidas de protección, como el traslado, el teletrabajo o la adopción de mecanismos para evitar el contacto con la persona investigada, las cuales deberán ser implementadas por el empleador dentro de los cinco días hábiles siguientes.
El decreto rige desde su publicación y atribuye al Ministerio del Trabajo funciones de inspección, vigilancia y control respecto del cumplimiento de las obligaciones previstas. En consecuencia, los empleadores y demás sujetos obligados deberán revisar sus instrumentos internos y adoptar las medidas que correspondan de acuerdo con su ámbito de aplicación, los procedimientos establecidos y las garantías reconocidas a las personas protegidas.